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Introducción

Hace un año y medio AFSCME dió a conocer un informe titulado "Should Crime Pay?" (¿Debe Ser Un Negocio La Delincuencia?)

Nosotros planteamos el interrogante en ese momento porque notamos que cada vez más las jurisdicciones estaban entregando el manejo completo de sus establecimientos penitenciarios a compañías organizadas con fines de lucro. El informe detallaba algunos de los horrores que ocurren cuando las corporaciones sacan provecho de los delitos de otros. Un año y medio después han surgido aún más pruebas que reiteran el hecho de que el manejo del sistema penitenciario no debe ser un negocio.

El rápido aumento de presos ha hecho que un número considerable de jurisdicciones hayan recibido instrucciones de los tribunales de reducir el hacinamiento en las cárceles y prisiones. Al comienzo del año 1998, un estudio de 52 sistemas penitenciarios federales y estatales indicó que 44 de dichos sistemas estaban funcionando al máximo de su capacidad o aún excediéndola. Además de ello, 141 establecimientos se vieron afectados por órdenes de los tribunales en relación con los límites de la población penal.1 En este frenético ambiente las corporaciones han encontrado una forma de generar ganancias construyendo y manejando establecimientos penitenciarios. El hacinamiento es la causa más frecuentemente mencionada por los gobiernos para dirigirse a estas firmas organizadas con fines de lucro.2 Otro criterio propuesto para privatizar las cárceles es la idea de que de esa forma se ahorra dinero. Sin embargo, después de más de una década de experiencia con establecimientos penitenciarios con fines de lucro en la nación, no hay evidencias claras de que dichas cárceles le ahorren dinero a los contribuyentes. En lugar de ello hay numerosos ejemplos en los cuales estas firmas:

  • Reciben términos contractuales muy favorables que acaban costándole más dinero a los contribuyentes;
  • Ofrecen trabajos con sueldos muy bajos y beneficios inadecuados para los empleados;
  • Experimentan un alto grado de cambio y de escasez de personal;
  • Se zafan de pagar impuestos sobre la renta e inmobiliarios.
  • Le cargan la responsabilidad por sus propias equivocaciones a las dependencias gubernamentales; y
  • Ponen en peligro al público.

Nosotros hacemos aquí un llamado para que se acaben las cárceles con fines de lucro(*). El sistema penitenciario de la nación debe ser responsable ante el público y no ante los ejecutivos de corporaciones o ante sus accionistas. El encarcelamiento de seres humanos no debe estar supeditado a intereses creados. El sistema penitenciario no debe ser un negocio.

(*) OBSERVACIÓN: Cuando en esta publicación se emplea la expresión "prisiones privadas" se entiende por ella "establecimientos penitenciarios de propiedad o administración privada, con fines de lucro."

  1. Camille Camp and George Camp, The Corrections Yearbook, 1998 (Middletown, Connecticut: Criminal Justice Institute Inc., 1998) pgs. 72-73.
  2. Abt Associates Inc., "Private Prisons in the United States: An Assessment of Current Practice," ("Cárceles de Propiedad Privada en los Estados Unidos: Evaluación de Prácticas Actuales) July 16, 1998, pg. 15.
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